Es noticia de
portada en estos días la existencia de una intensa actividad sísmica
–los terremotos se cuentan ya por centenares - en la zona marina
frente al delta del Ebro, actividad ésta producida de forma
artificial por causa de la inyección submarina de ciertas cantidades
de gas, aprovechando las cavidades generadas por una antigua y
abandonada explotación de petróleo frente a las costas de
Castellón y Tarragona.
La empresa privada
responsable del proyecto industrial en cuestión, denominado “Castor”
es en última instancia ACS (cuyo archiconocido presidente es
el Sr. Florentino Pérez), y el máximo responsable, D. Recaredo
del Potro Gómez.
Técnicamente
consiste en la inyección de gas proveniente de barcos metaneros en
el subsuelo marino a elevada presión. Llegado el caso, recuperar ese
gas para su uso, bombeándolo de vuelta a la planta marina y
enviándolo mediante gasoducto a otra inmensa planta terrestre, a su
vez interconectada con el resto del sistema de distribución.
Para el comienzo de
la inyección de gas que posteriormente pueda ser recuperado cuando
se requiera, es condición sine qua non introducir una
cantidad de gas, llamado colchón, que se encarga de mantener las
condiciones del antiguo yacimiento para poder albergar posteriormente
ese otro gas operativo. Por tanto, este primer gas ya inyectado, ha
estado desplazando al agua que, en buena lógica, entró al antiguo
yacimiento petrolífero a la vez que el mismo estaba siendo vaciado
de petróleo, allá por los años 70 y 80. Posiblemente, pues, la
presión ejercida por el gas se ha estado trasladando al agua y a su
vez a la roca, causando de modo diferido esa gran cantidad de
seísmos, llegando a tener una magnitud mayor de cuatro en la escala
Richter varios de ellos.
Cómo es posible que
esto suceda?
A tenor de lo
ocurrido, o los permisos otorgados por las distintas administraciones
a estas actividades no garantizan en absoluto la seguridad, o bien
no se han cumplido esos requisitos por parte de la empresa, pero es
evidente que alguien ha fallado. Y lo que parece ser –con todas las
reservas- es que han ocurrido de alguna manera ambas.
Las
administraciones, a veces, son hipersensibles a los encantos
de determinados macroproyectos y aceleran o facilitan según diversos
criterios su puesta en marcha, y otras veces no lo hacen, como parece
ser el caso de las pertenecientes a Cataluña. A estas alturas ya no
es un secreto que el proyecto se movió un poquito hacia al sur al
comprobar que las autoridades catalanas tenían criterios más
estrictos a la hora de autorizar el proyecto. La Comunidad Valenciana
se convirtió en el paraíso perfecto, por tanto, como plan B.
Así, también
parece que es posible otorgar desde el Ministerio correspondiente una
Declaración de Impacto Ambiental positiva a un proyecto industrial
que mete un producto a presión bajo el suelo en una falla activa sin
que medie un estudio serio del lugar en el que se va a realizar, y
sin unos cálculos fidedignos del impacto sísmico que esto generará.
Veamos en este
caso: los responsables se jactan de haber tenido una extensísima
supervisión y control por los que les han sido otorgados hasta 42
permisos, trámites y demás papeleos burocráticos, y sin embargo a
la primera ocasión que se presenta y se empiezan a usar las
instalaciones, sorpresivamente aparecen unos fenómenos que, si bien
se dice habían contemplado que se producirían, para nada estaban
previstos con la intensidad y frecuencia con que se han manifestado.
Y eso que las instalaciones sólo están empezando su andadura, es
decir, hasta ahora en el subsuelo marino ha entrado muy poco gas y
a una presión muy baja. Sin embargo, no es necesario ya a estas
alturas ser geólogo ni ingeniero de minas para advertir que no
depara nada bueno el hecho de que esa estructura geológica se
comporte desde un principio de esta forma tan violenta, por lo
que no sería descartable una mayor actividad sísmica de reanudarse
el funcionamiento de la planta. Obvio…
La empresa declara
que todo está bien y la falla de Amposta no se ha movido, pero que
existe alguna que otra falla colateral solapada más pequeña, que
pudiese ser la causante de los seísmos. Se ve que no se apercibieron
en su día de ello, claro, al no haberlo estudiado. Lo cierto es que
el Ministerio ordenó la detención de la actividad y la Guardia
Civil tuvo que constatarlo posteriormente a raíz de la investigación
penal ordenada por la Fiscalía de Castellón.
Pero los avatares
técnico-administativos y las repercusiones del culebrón Castor
se ven aderezados además con algunos otros ingredientes que, por
colaterales, no son para nada desdeñables.
El posible
reconocimiento de graves deficiencias en el planeamiento de las
instalaciones-ubicación, características técnicas- o
funcionamiento en general del proyecto, podría ocasionar, porqué
no, su inutilidad. Lo cual a su vez, desembocaría en un problema
económico colosal, del que alguien deberá responsabilizarse
y responder, o de lo contrario, ya sabemos quién va a pagar…los de
siempre.
Desconocemos además
la influencia que sobre el asunto podría tener la extraña fórmula
de financiación del proyecto, mediante emisión de bonos,
ahora con una calificación crediticia pesimista por parte de las
agencias de rating.
Y hasta aquí los
modestos análisis y opinión de la situación en el Golfo de
Valencia.
CASTOR,
PARTE 2.
Debe también ser
conocido por todos, que este mismo perro con distinto collar
(la empresa instrumental llamada Invexta Recursos, S.L., igualmente
filial de ACS, y encabezada por D. Recaredo del Potro)
tiene actualmente vigente un permiso de investigación de
hidrocarburos centrado en la zona de Pinoso, en el interior de
Alicante. Respecto de dicho permiso, existe un proyecto que pretende
reutilizar las cavidades subterráneas abandonadas que fueron
creadas por la extracción de sal en la montaña denominada Cabezo de
la Sal, ubicada solamente a 1 km. de la citada población de Pinoso,
y destinarlas así a almacenar inicialmente 12 millones de barriles
de petróleo u otros hidrocarburos.
Los paralelismos
son evidentes, con los siguientes agravantes:
- En este caso, el hidrocarburo se encontraría a una muy corta distancia del núcleo urbano más cercano.
- Al contrario que la ubicación marina frente a Vinaròs, la zona de Pinoso y el trayecto del necesario oleoducto hasta la costa mediterránea, se ubican en la zona de mayor riesgo sísmico de todo el territorio español, con lo que las posibilidades de graves consecuencias aumentan.
Ambos proyectos, el
ya realizado -en el que constatamos deficiencias-, y el aún no
ejecutado, son proyectos faraónicos que emanan de la cultura del
pelotazo de una empresa constructora que lleva a cabo
instalaciones privadas que sin embargo a la postre terminamos pagando
entre todos, mediante la necesaria connivencia previa con los
políticos de turno. Suponen unas instalaciones mal planificadas e
innecesarias hoy en día, basadas en un modelo energético sin futuro
y que deberíamos pensar en comenzar a cambiar, con unos costes
reconocidos exorbitados y unos riesgos inherentes difíciles de
justificar y soportar.
Uno de ellos ya está
terminado y dando problemas antes siquiera de arrancar…pero el otro
aún estamos a tiempo de evitarlo. No sería muy inteligente que
permitiéramos una réplica del “Terremoto-Castor” unos
300 km al sur, en tierras alicantinas y murcianas. Para ello, tanto
los cuidadanos, cargos políticos, funcionarios y empresarios
implicados real o potencialmente debemos hacer un examen de
conciencia para ver qué somos capaces de mejorar de nuestra actitud
e implicación en este tipo de problemas, de cara a que estos
fenómenos no se nos vengan repitiendo. De lo contrario, esos 1.700
millones de euros que dicen cuesta Castor, habrán sido en vano, y
estaremos condenados a repetir nuestra historia. Y a pagarla,
también.
Los ciudadanos de
este país nos hemos vuelto gandules –quizá siempre lo fuimos,
puede ser- y hemos aprendido muy bien a delegar la política a los
políticos, que han visto campo abierto y ningún control…y así
nos va. No deberíamos recuperar cierta parcela en la esfera política
y empoderarnos en ese sentido? Porque bien que nos gusta
quejarnos, ahora que las cosas van mal, pero hemos de admitir también
algo de culpa respecto de la existencia de los políticos que nos
gobiernan. Mostrar con hechos nuestra opinión sobre lo que se
hace con la gestión pública en nuestro entorno, puede ser un buen
comienzo.
Los funcionarios que
se ocupan de la supervisión, control, gestión, de determinado
procedimiento técnico o administrativo ven pasar ante sus ojos,
muchas veces, auténticos disparates. Apelamos a la valentía y buena
profesionalidad de todos ellos para que los informes que manejen sean
rigurosos y no se vean condicionados por nada externo al proceso.
Los políticos
loco-regionales que se dejan convencer de las bondades de
determinados proyectos “que van a crear mucho empleo y
prosperidad”-por no especular con la existencia o no de sobres,
bajomangas, chanchullos y demás folklore ibérico de
despacho, tan de moda últimamente- deben también ver cómo una y
otra vez se repiten los esquemas de tantas otras infraestructuras: no
traen ni empleo, ni dinero, y sí los riesgos y problemas propios de
la industria que se implanta en el lugar en cuestión. Sus vecinos se
encargarán de recordárselo ahora y en las próximas elecciones, así
que espabilen.
Con respecto a la
alta política y gran empresa (reconocemos nuestra limitación a la
hora de separar una de la otra, pedimos perdón por ello),
simplemente decir que piensen que en sus manos está el desperdicio o
no de cantidades ingentes de dinero que nos vendrían muy bien tener
para lo más inmediato y urgente, en estos días de escasez material
en que nos ha tocado vivir a la mayoría. Pero vidas humanas es lo
que, sobre todo, puede estar en juego, y esto no está de más
recordárselo, máxime cuando jugamos a ser Dios alterando gravemente
la naturaleza, la cual –a la vista está- nos pone en nuestro sitio
enseguida. Mejor no tentar a la suerte…
Desde aquí, al sur
del mismo País Valencià, nuestro apoyo y solidaridad hacia
las poblaciones cercanas de Vinaròs, Alcanar… en definitiva a
todos los que han sentido el miedo por la inquietante incertidumbre
sísmica relacionada con el desafortunado proyecto Castor, y también
a la labor de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
